Argentina fue uno de los primeros países en adoptar masivamente cultivos transgénicos, pero eso no se tradujo en un ecosistema sostenido de innovación en biotecnología vegetal. Existen barreras económicas, regulatorias y de propiedad intelectual que limitan la inversión y el desarrollo local, así como una falta de articulación entre el sector público y privado. Las nuevas tecnologías de edición génica como CRISPR/Cas9, presentan desafíos en términos de regulación y trazabilidad, pero también ventajas para reposicionar a la Argentina como un actor relevante en innovación agrobiotecnológica.
“Early adopters”, pero como “end users”
El sector agroindustrial es un pilar crítico de la economía nacional y la exportación de granos y oleaginosas aporta una fracción muy significativa de las divisas que ingresan al país. Se desarrolla una agricultura que es extensiva en superficie, aprovechando las economías de escala, pero que también es intensiva en tecnologías, incluyendo la agricultura de precisión, la agricultura regenerativa (siembra directa y cobertura permanente del suelo), el uso de fitosanitarios y fertilizantes, el silo bolsa y la adopción de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGMs). La incorporación de estas tecnologías ha impulsado un crecimiento sostenido de la productividad a lo largo del tiempo [1].
La adopción de OVGMs ha permitido incrementar los rendimientos, reducir los costos de producción y aumentar la rentabilidad de la producción primaria [2]. Prácticamente el 100% de la soja y el maíz cultivados en nuestro país –los dos primeros en cantidad de toneladas producidas- portan transgenes para la tolerancia a herbicidas (RR) y/o la resistencia a insectos (Bt) [3], y su producción y exportación se realizan desde hace más de tres décadas.
Desde entonces, y a pesar de que Argentina fue pionera mundial en la adopción de cultivos transgénicos, no se produjeron avances significativos en términos de innovación. La mayoría de los transgénicos cultivados en el país son desarrollos internacionales, siendo la modificación principal de origen “importado”. Exceptuando algunos desarrollos locales, cultivados bajo identidad preservada y/o en cantidades limitadas, como el cártamo expresando quimosina o el trigo y la soja HB4 [4], el portafolio real de OVGMs cultivados a gran escala no se amplió, y casi no se establecieron cultivos comerciales nuevos o propios en estas tres décadas.
En “stand by”
La mayor parte de los OVGMs adoptados hasta hoy provienen de multinacionales [5] y no se ha logrado en estos años consolidar una biotecnología vegetal “propia” a gran escala.
Uno de los factores que mantiene a la biotecnología “made in Argentina” en estado latente es la fuerte concentración del mercado en unos pocos cultivos. Los dos más relevantes en términos de producción son la soja y el maíz, los cuales se destinan principalmente a la alimentación animal, por lo que es esencialmente una demanda derivada del consumo de carne por parte de los países receptores. Si bien la precaución pública hacia el consumo de OVGMs persiste, en el caso particular de estos dos cultivos la reticencia se atenúa porque no se destinan mayoritariamente ni de manera directa a la dieta humana. Por el contrario, hay mayor sensibilidad en el caso de cultivos orientados a la alimentación humana.
Otros obstáculos incluyen los costos y los tiempos asociados a los procesos regulatorios de aprobación y liberación comercial de los OVGMs. Por ello, resulta comprensible que los “nuevos” desarrollos tiendan a ser combinaciones o estén alineados con aquellos que ya cuentan con historial de aprobación regulatoria y aceptación en los mercados.
Una barrera adicional, en este caso de carácter local, es el poco reconocimiento económico que logra el obtentor en materia de propiedad intelectual. Dado que la ley de semillas actual mantiene la figura del “uso propio”, el porcentaje de recupero de inversión para este activo intangible es muy bajo en el mercado de autógamas, como es el caso de la soja. Como estas especies se reproducen mediante autofecundación, el productor puede guardar la semilla y sembrarla en la próxima campaña sin pérdida significativa del rendimiento ni de la pureza varietal, por lo que el uso de semilla fiscalizada es bajo en comparación con el porcentaje de “bolsa blanca” o “uso propio”.
En un contexto de retenciones e inestabilidad de precios, es comprensible que el productor busque disminuir el costo de sus insumos [6], pero también es previsible que aquellas empresas que optan por un modelo de negocio basado en la innovación se dirijan hacia mercados en los que haya retornos reales por la inversión hecha en I+D+I [7] [8] [9]. La escasa retribución que consigue la propiedad intelectual conspira contra las inversiones y afectan la competitividad de la Argentina frente a otras naciones productoras de commodities agrícolas como Brasil y los Estados Unidos (los dos países con mayor producción de cultivos transgénicos a nivel mundial, antes de Argentina). Así, la innovación en variedades adaptadas al clima, plagas y demandas del productor local se estanca, y queda detrás respecto a la semilla disponible en Brasil y Estados Unidos [10]. Esto afecta la competitividad del sector y puede aumentar la dependencia de semillas importadas, que no siempre estarán óptimamente adaptadas a las condiciones locales [11]. Cuando las empresas no invierten en desarrollos locales, parte de la innovación puede venir desde el sector público, pero hasta cierto punto. Universidades y organismos de investigación han logrado desarrollar eventos que alzaron la aprobación regulatoria [12], pero faltan socios comerciales interesados en producirlos y distribuirlos a gran escala. Estos desarrollos solo pueden prosperar si existe capital privado dispuesto a asumir los riesgos y cubrir los costos de escalamiento y comercialización, por lo que probablemente priorizarán cultivos de escala y con aceptación en mercados globales.
Una innovación “CRISPR-triggered”
Más cerca en el tiempo, la tecnología CRISPR se comenzó a percibir como una herramienta “revolucionaria” en el campo de la ingeniería genética aplicada a los cultivos, porque abrió el camino a aplicaciones que antes eran demasiado complejas. Por ejemplo, la edición simultánea de genes homeólogos en cultivos poliploides como el trigo[13] [14] o la alfalfa [15] [16], el mejoramiento de rasgos complejos y poligénicos [17] [18], como rendimiento o tolerancia a estrés abiótico, y la posibilidad de apilar más de un trait en estrategias de edición multiplex [19]. Además, ofrece la posibilidad de modificar un determinado alelo dentro de un fondo genético élite sin recurrir a cruzamientos que arrastren genes vecinos, evitando así la introducción de segmentos no deseados del genoma por efecto del desequilibrio de ligamiento. Esto permite mantener las características valiosas del cultivar original y acelerar el desarrollo de nuevas variedades con mejoras puntuales y precisas.
En el caso particular de la soja, la edición génica se ha utilizado para mejorar caracteres de gran interés como rendimiento, calidad nutricional del grano y tolerancia a estrés biótico y abiótico [20]. Una característica importante es que, a diferencia de la transgénesis, CRISPR permite realizar modificaciones muy precisas en el genoma de un cultivo sin que este deba necesariamente portar ADN de otra especie, por lo que en algunos países pueden considerarse no OVGM, lo que reduce los costos y tiempos de aprobación. En este escenario, la comercialización de cultivos mejorados mediante edición génica está avanzando en varios países [21], siendo de origen argentino la primera empresa en registrar una soja editada [22]. El logro, sin embargo, resultó agridulce, considerando que el cultivo se desarrolló y se comercializa en Brasil, por la decisión de la empresa obtentora de operar en un entorno con mayor reconocimiento de la propiedad intelectual [23].
Así las cosas, en 2022 un consorcio de empresas semilleras comenzó a proponer un modelo de comercialización privado con productores en el que se garantice el respeto a la propiedad intelectual [23]. Mas allá de si este tipo de acuerdos logra consolidarse en el tiempo o de si Argentina finalmente adhiere al convenio UPOV 91 [30], los cultivos obtenidos por edición génica plantean cuestiones adicionales a nivel de trazabilidad. Por ejemplo, en aquellos cultivos editados en términos de pequeñas deleciones, inserciones o sustituciones puntuales y que no impliquen la presencia de ADN exógeno, las ediciones resultantes serán indistinguibles de mutaciones que pudieran ocurrir naturalmente o por mutagénesis química o física, es decir, que no existe una “firma molecular” que delate su origen. Cuando se utilizan sistemas libres de ADN o el transgén portando el sistema CRISPR se elimina por segregación, no quedan secuencias “foráneas” detectables como es en el caso de los OVGMs, por lo que las herramientas actuales de detección requieren conocer de antemano la mutación exacta para poder identificarla, y no existe un método de cribado universal capaz de señalar que una planta fue editada con CRISPR sin esa información previa [25]. Al momento, el DNA watermarking (introducir cambios neutros adicionales que funcionen como una firma molecular privada del obtentor) existe sólo como prueba de concepto [26] y no está incluido en la legislación de ningún país. Más aun, en Argentina las modificaciones genéticas en plantas no son patentables. Todo esto implica que la trazabilidad post-mercado resulta prácticamente inviable para este tipo de ediciones. En consecuencia, para un desarrollador sería aún más difícil monitorear el uso no autorizado de un cultivo obtenido con CRISPR, ya que no existe una forma técnica fiable de identificarlo como “su” desarrollo en el campo o en el mercado.
Frente a la dificultad de capitalizar plenamente la propiedad intelectual de la semilla, tal vez una estrategia para los cultivos editados con CRISPR sea incorporarlos en paquetes tecnológicos adaptados a la nueva variedad. Por ejemplo, acompañar una semilla editada para un rasgo de alto valor, como podría ser mayor tolerancia a sequía, de bioinsumos complementarios que actúen en sinergia con la planta para optimizar ese rasgo, sumado al servicio de soporte técnico. Lo que juega a favor de los editados es que, si son considerados no OVGMs, los procesos de aprobación se aceleran y abaratan, liberando recursos de tiempo y dinero que pueden invertirse en nuevos desarrollos.
ASAP: el tren no espera
Más allá de esto, incluso en un escenario en el que Argentina avanzara hacia una eventual adhesión a UPOV 91 [27], la fiscalización del uso autorizado de semilla en todas las zonas productivas del país sigue siendo un desafío de enorme complejidad práctica. En este contexto, resulta clave avanzar hacia un cambio cultural en torno al sistema de regalías, que actualmente suele percibirse más como un costo adicional que como un mecanismo de incentivo a la innovación, en un sistema marcado además por alta presión impositiva sobre las exportaciones. En términos de política productiva, fortalecer los incentivos económicos y la previsibilidad del sistema resulta central para que tanto obtentores como productores puedan invertir, innovar y capturar valor de manera sostenible.
En paralelo, el rol del sector público en ciencia y tecnología continúa siendo crítico para la generación de conocimiento y desarrollo de biotecnología vegetal de origen nacional. La decisión política de aplicar una reducción sostenida del financiamiento en estas áreas no solo limita la capacidad de desarrollar tecnologías adaptadas a las necesidades locales, sino que también incrementa la dependencia de innovación externa, afectando la competitividad del país en el escenario global.
En este sentido, la biotecnología vegetal representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico, pero su potencial solo puede materializarse plenamente en un ecosistema que combine inversión pública sostenida, incentivos adecuados a la innovación privada y un marco de propiedad intelectual claro y previsible. En ese marco, Argentina podría no solo consolidar desarrollos locales de alto valor agregado, sino también posicionarse como un actor relevante en biotecnología vegetal a nivel regional y global, generando nuevas soluciones adaptadas a los desafíos del país y contribuyendo al crecimiento sostenible de su economía.